La Cámara de Apelaciones hizo lugar a la presentación de un accionista del multimedios que controla Héctor Magnetto. Así queda en suspenso el artículo que permite al Estado intervenir compañías que presenten irregularidades.
El uso abusivo de las medidas cautelares para cuestiones que no revisten, a priori, la suficiente urgencia e importancia para ser aplicadas, se ha transformado en los últimos años en una práctica común utilizada casi exclusivamente para preservar intereses corporativos. El pasado 12 de agosto, y sin que la novedad se vea reflejada en ningún medio del grupo ni en sus satélites, la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial le concedió al Grupo Clarín una medida cautelar que suspende de manera provisional un artículo de la Ley del Mercado de Capitales que habilita a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a intervenir empresas en las que se hayan vulnerado los intereses de los accionistas minoritarios. Paradójicamente, quien realizó la presentación ante la justicia es un accionista minoritario del holding de Noble-Magnetto, y la justicia hizo lugar a su pedido pero sólo para esa empresa, y no para el resto de las compañías. Es decir, la decisión judicial –que tendría validez hasta que se reglamente la norma– no busca proteger intereses generales, sino el particular de una compañía, entendiendo que el artículo de la intervención no perjudicaría al conjunto de las empresas y sí a Clarín.
En este escenario, y ante los acontecimientos que serán relatados a continuación, desde el ámbito oficial salieron ayer a asegurar que la CNV que conduce Alejandro Vanoli recurrirá la medida.
Sin demasiada difusión del asunto, Clarín comunicó el 20 de agosto pasado a la CNV, en la autopista financiera de la entidad que funciona en la Web, un "hecho relevante": el representante de las Relaciones con el Mercado del holding, Alfredo Marín, expresó que su empresa "fue notificada, según escritura pública número doscientos cuarenta y cinco, a requerimiento del Sr. Rubén Mario Szwarc, accionista minoritario de la Sociedad, de lo resuelto por la Excelentísima Cámara Nacional de apelaciones en lo Comercial Sala A con fecha 12 de agosto de 2013 en autos "SZWARC, Rubén Mario C/ Estado Nacional y Otro s/ Medida Precautoria" Expediente Nro. 011419/2013.
Asimismo, agrega que dicha sala resolvió, entre otros puntos, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2,4,5,9,10,11,13,15 y 16 de la Ley 26.854; y decreta la suspensión precautoria provisional del artículo 20 inciso a) segunda parte, apartados I y II (o 1 y 2) de la Ley 26.831 y de toda norma legal, reglamento y/o acto administrativo dictado o que se dicte en su consecuencia, respecto de Grupo Clarín SA, hasta tanto asuma plena jurisdicción para el conocimiento del caso y se expida de manera definitiva sobre la presente medida el juez que en definitiva resulte competente.
Alguno de los cuestionamientos de forma, entre los artículos mencionados, se destaca la traba sobre el inciso A, segunda parte, en los apartados I y II del artículo 20 de la Ley 26.831, pero hasta que la causa quede con un juez definitivo a cargo y haya sentencia.
Lo curioso es que, en su decisión, los camaristas no se expresaron sobre la validez de la normativa en forma integral –el proyecto se sancionó en el Senado con 43 votos a favor y 19 en contra, apoyo del oficialismo y el FAP y rechazo de la UCR y el peronismo disidente–, sino que fueron directamente al artículo de la intervención, y sólo con el foco puesto en el Grupo Clarín.
Szwarc es accionista minoritario de Clarín, socio vitalicio de la Bolsa de Comercio y fue accionista de la firma Renault, y actuó como abogado patrocinante de la Cámara Argentina de Elaboradores de Tripas Naturales (Cadeltrip). Pero en este caso actuó en representación de la totalidad del grupo de Magnetto, razón por la cual se presume que el holding no le dio amplia difusión a lo que, según sus intereses, debería ser considerado como un logro importante. Cabe destacar que el uso de medidas cautelares por parte de Clarín ha sido muy extendido en leyes y negocios en los que están involucrados derechos básicos de personas físicas. Por caso, el grupo ha interpuesto cautelares para parar la Ley de Medios Audiovisuales y hasta contra las propias quejas de los usuarios de Cablevisión por cuestiones tan sensibles como los abusos tarifarios de un servicio con carácter monopólico. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, interpusieron cautelares para detener los efectos de un amparo colectivo a favor de los usuarios que había impulsado Defensa del Consumidor Bonaerense.
Si bien desde casi todos los sectores empresarios –incluso desde la UIA– se ha considerado como positiva la aplicación de una ley que mejore el acceso a los mercados de las personas físicas, dándoles más y mejor información y posibilidades, Clarín impulsó desde el inicio un rechazo de la norma en sus páginas. Paralelamente activó un lobby corporativo contra la iniciativa desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Desde el polo empresario que conduce Jaime Campos, Clarín había empezado a dar indicios de su malestar con el artículo 20 por medio de solicitadas en diferentes medios. La AEA indicó que para "alcanzar el nivel de genuina prosperidad económica y social al que aspiramos los argentinos, se requiere un fuerte impulso a las inversiones por parte de las empresas pequeñas, medianas y grandes en el territorio nacional", típico argumento que intenta mostrar que una herramienta para invertir empresas ante presuntas irregularidades va en contra de aquellos que quieren invertir.
Sin embargo, la Ley del Mercado de Capitales, que la presentó la presidenta de la Nación el pasado 1 de abril, lleva claridad y agiliza un mercado pequeño en volumen, con la meta puesta en hacerlo crecer; no lo restringe ni le otorga a la cartera que conduce Alejandro Vanoli un poder de policía para hacer y deshacer a su antojo. La normativa habilita la comunicación electrónica para la operación entre todos los mercados, para los agentes bursátiles se elimina la exigencia de ser accionista de alguno de los mercados, abre el juego a la participación de organizaciones sindicales y universidades y establece controles sobre las calificadoras de riesgo. Respecto a lo que Clarín considera un "artículo polémico", es una de las partes que justamente protegen el pequeño accionista de los abusos de las grandes corporaciones. El artículo 20 le otorga a la CNV la facultad de designar veedores con capacidad de veto en las empresas cuando "resulten vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios". La misma cláusula también permite la intervención por hasta 180 días de los órganos de decisión de las firmas.
Sin demasiada difusión del asunto, Clarín comunicó el 20 de agosto pasado a la CNV, en la autopista financiera de la entidad que funciona en la Web, un "hecho relevante": el representante de las Relaciones con el Mercado del holding, Alfredo Marín, expresó que su empresa "fue notificada, según escritura pública número doscientos cuarenta y cinco, a requerimiento del Sr. Rubén Mario Szwarc, accionista minoritario de la Sociedad, de lo resuelto por la Excelentísima Cámara Nacional de apelaciones en lo Comercial Sala A con fecha 12 de agosto de 2013 en autos "SZWARC, Rubén Mario C/ Estado Nacional y Otro s/ Medida Precautoria" Expediente Nro. 011419/2013.
Asimismo, agrega que dicha sala resolvió, entre otros puntos, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2,4,5,9,10,11,13,15 y 16 de la Ley 26.854; y decreta la suspensión precautoria provisional del artículo 20 inciso a) segunda parte, apartados I y II (o 1 y 2) de la Ley 26.831 y de toda norma legal, reglamento y/o acto administrativo dictado o que se dicte en su consecuencia, respecto de Grupo Clarín SA, hasta tanto asuma plena jurisdicción para el conocimiento del caso y se expida de manera definitiva sobre la presente medida el juez que en definitiva resulte competente.
Alguno de los cuestionamientos de forma, entre los artículos mencionados, se destaca la traba sobre el inciso A, segunda parte, en los apartados I y II del artículo 20 de la Ley 26.831, pero hasta que la causa quede con un juez definitivo a cargo y haya sentencia.
Lo curioso es que, en su decisión, los camaristas no se expresaron sobre la validez de la normativa en forma integral –el proyecto se sancionó en el Senado con 43 votos a favor y 19 en contra, apoyo del oficialismo y el FAP y rechazo de la UCR y el peronismo disidente–, sino que fueron directamente al artículo de la intervención, y sólo con el foco puesto en el Grupo Clarín.
Szwarc es accionista minoritario de Clarín, socio vitalicio de la Bolsa de Comercio y fue accionista de la firma Renault, y actuó como abogado patrocinante de la Cámara Argentina de Elaboradores de Tripas Naturales (Cadeltrip). Pero en este caso actuó en representación de la totalidad del grupo de Magnetto, razón por la cual se presume que el holding no le dio amplia difusión a lo que, según sus intereses, debería ser considerado como un logro importante. Cabe destacar que el uso de medidas cautelares por parte de Clarín ha sido muy extendido en leyes y negocios en los que están involucrados derechos básicos de personas físicas. Por caso, el grupo ha interpuesto cautelares para parar la Ley de Medios Audiovisuales y hasta contra las propias quejas de los usuarios de Cablevisión por cuestiones tan sensibles como los abusos tarifarios de un servicio con carácter monopólico. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, interpusieron cautelares para detener los efectos de un amparo colectivo a favor de los usuarios que había impulsado Defensa del Consumidor Bonaerense.
Si bien desde casi todos los sectores empresarios –incluso desde la UIA– se ha considerado como positiva la aplicación de una ley que mejore el acceso a los mercados de las personas físicas, dándoles más y mejor información y posibilidades, Clarín impulsó desde el inicio un rechazo de la norma en sus páginas. Paralelamente activó un lobby corporativo contra la iniciativa desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA). Desde el polo empresario que conduce Jaime Campos, Clarín había empezado a dar indicios de su malestar con el artículo 20 por medio de solicitadas en diferentes medios. La AEA indicó que para "alcanzar el nivel de genuina prosperidad económica y social al que aspiramos los argentinos, se requiere un fuerte impulso a las inversiones por parte de las empresas pequeñas, medianas y grandes en el territorio nacional", típico argumento que intenta mostrar que una herramienta para invertir empresas ante presuntas irregularidades va en contra de aquellos que quieren invertir.
Sin embargo, la Ley del Mercado de Capitales, que la presentó la presidenta de la Nación el pasado 1 de abril, lleva claridad y agiliza un mercado pequeño en volumen, con la meta puesta en hacerlo crecer; no lo restringe ni le otorga a la cartera que conduce Alejandro Vanoli un poder de policía para hacer y deshacer a su antojo. La normativa habilita la comunicación electrónica para la operación entre todos los mercados, para los agentes bursátiles se elimina la exigencia de ser accionista de alguno de los mercados, abre el juego a la participación de organizaciones sindicales y universidades y establece controles sobre las calificadoras de riesgo. Respecto a lo que Clarín considera un "artículo polémico", es una de las partes que justamente protegen el pequeño accionista de los abusos de las grandes corporaciones. El artículo 20 le otorga a la CNV la facultad de designar veedores con capacidad de veto en las empresas cuando "resulten vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios". La misma cláusula también permite la intervención por hasta 180 días de los órganos de decisión de las firmas.
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